El 25% de las desapariciones de personas en México corresponden a adolescentes de entre 13 y 18 años
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló que aunque México está en proceso de romper inercias y afrontar la crisis de desaparición de personas, "las cifras de impunidad son del 98% y sólo hay 35 sentencias relacionadas a este delito", lo que atribuyó a un "Poder Judicial intocable y ajeno a las víctimas".
Subrayó que en estos tres años del actual Gobierno "se ha realizado una construcción institucional y legal para contar con mecanismos que rompan inercias y resistencias que prevalecieron en pasadas administraciones".
Agregó que esos Gobiernos “pretendieron negar la existencia de la crisis humanitaria que nos ha llevado a tener en el registro más de 91.000 personas desaparecidas y decenas de miles de cuerpos sin identificar en servicios forenses y fosas comunes de cementerios en el país, dos grandes tragedias nacionales".
Encinas resaltó que a la mitad del camino del Gobierno de Andrés López Obrador "se ha constituido la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda, que ha permitido concluir con la instalación de las 32 comisiones estatales a las que es necesario dotarlas de recursos suficientes".
Recordó que en este periodo el Gobierno destinó 1.200 millones de pesos (casi 60 millones de dólares) a fin de "conformar protocolos diferenciados para la búsqueda de niños y adolescentes o migrantes".
Al referirse a las consecuencias de este fenómeno, expuso que el 25% de las desapariciones de personas corresponden a adolescentes de entre 13 y 18 años, "lo que lleva a identificar un problema de trata de personas".
Ante representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Encinas refrendó el compromiso de López Obrador de mantener la política para esclarecer el problema de desaparecidos "como prioridad" de su gestión.
Destacó la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para afrontar la crisis forense que padece el país.
Por último, anunció la inminente firma de un Convenio con la Universidad de Innsbruck e institutos forenses de Austria, Alemania y Suiza "para el uso de tecnología avanzada para la identificación de víctimas", consignó el diario local La Jornada.
Sin embargo, grupos de víctimas siguen reclamando más celeridad en esta crisis, que está estrechamente vinculada con otra crisis, la forense.
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